El tan esperado y reclamado por las ONG Reglamento que regula el régimen de internamiento de los
extranjeros, ha sido aprobado tras décadas sin una regulación completa del
funcionamiento de los CIE. En primer lugar, debemos decir que implica un avance importante, beneficia tanto a las personas internas como a
los funcionarios y demás personal de los centros.
Lamentablemente hemos vivido muchos años
de una gran incertidumbre que ha legitimado
abusos de forma continua ante el vacío legal existente.
Debemos recordar que las personas extranjeras
internadas en estos CIE (que no son Centros Penitenciarios) no son culpables
de ningún delito, sino personas en situación administrativa irregular, es
decir carecen de un visado para residir.
Desde esta perspectiva, debemos entender que las
personas que lamentablemente se ven recluidos
temporalmente en estos CIE, tan
sólo tienen limitado su derecho
deambulatorio y deben ser tratados con la dignidad, respeto y flexibilidad
que se merecen, sin ser criminalizados y
tratados como presuntos delincuentes.
Echamos
de menos en este Reglamento aspectos muy importantes que deberían haber sido
recogidos como son:
• El
Reglamento regula las condiciones de funcionamiento de los CIE pero no aborda
los criterios de ingreso en los CIE. Recordamos que el internamiento es una
medida excepcional, último recurso y que debe adoptarse valorando las
circunstancias concretas del caso en el momento de solicitar o autorizar el
internamiento, sin que sea suficiente la existencia de una orden de expulsión o
devolución.
•
Las funciones atribuidas a los servicios sociales no son acordes con la
importancia de estos servicios en la detección y protección, por ejemplo, de
posibles solicitantes de asilo, menores, víctimas de trata o violencia sexual y
otros perfiles vulnerables.
• No
se incluye el deber de informar y explicar a las personas extranjeras las
causas por las que están en el CIE así como de las resoluciones administrativas
y judiciales que se vayan produciendo durante su estancia.
•
Las visitas de familiares no tienen garantizado ningún régimen de privacidad e
intimidad y pueden ser limitadas en cuanto a número de personas, duración (30’)
y solo en algunos días de la semana, y sin motivo aparente no se permite el uso
de teléfonos móviles, limitando su derecho de
libre comunicación.
• La
tramitación de quejas al Juzgado de control de cada Centro no aúna el secreto
de las comunicaciones y el derecho a la intimidad de las personas internadas
con el principio de la celeridad, asegurando que estas quejas se entreguen al
Juez de control rápidamente.
• Es preocupante
que se continúe encomendando la gestión y custodia a la Policía y no a
personal civil administrativo especializado, además de la introducción de vigilancia con armas de
fuego con carácter general en los CIE,
estas son usadas en Centros Penitenciarios con carácter residual,
pero recordemos que no custodiamos
delincuentes que cumplen condena, sino
personas irregulares que tan sólo
esperan pacientemente ser deportadas a su país de origen.
Otra reivindicación desoída es el
reconocimiento a las ONG del derecho de acceder a los Centros para prestar
atención a los extranjeros. Sólo
es un derecho individual de cada interno. ¿Acaso hay algo que ocultar?, ¿no sería aconsejable permitir a las ONG desarrollar
actividades formativas, educativas, etc.
? La triste realidad es que son confinados y pasan largas jornadas de
angustias y aburrimiento
esperando un triste e incierto destino.
Debemos tratar con dignidad a quienes se juegan la
vida buscando una oportunidad muy incierta, un futuro mejor en el “paraíso
occidental”, no deben ser criminalizados, puesto que no son delincuentes, sino víctimas
de un sistema internacional injusto donde el “dios dinero” es el centro. Las
políticas migratorias se limitan exclusivamente a medidas de seguridad y control de frontera, alimentado
mensajes alarmista y percibiendo al extranjero como una amenaza.
Finalmente
denunciamos la “globalización de
la indiferencia”, sobre esta situación nos alerta el Papa Francisco, quien nos llama a seguir construyendo entre todos una Sociedad más
justa e igualitaria. Exijamos y
apostamos por políticas migratorias más justas y humanas en una
sociedad acogedora con los inmigrantes,
y que sea respetuosa con los Derechos Humanos.
Iñigo Loring Caffarena, abogado voluntario de Málaga Acoge y Miembro
de la Subcomisión de Extranjería del Colegio de Abogados de Málaga.
